Indígenas asesinados en la “Curva del Diablo”

Cincuenta y tres personas fueron llevados a juicio, bajo cargos relacionados con los violentos enfrentamientos entre manifestantes indígenas y la policía que se produjeron hace cinco años y que dejaron treinta y tres muertos.

La violencia estalló en junio de 2009, tras más de 50 días de protesta a escala nacional encabezada por indígenas amazónicos de Perú ante los planes del entonces Gobierno de Alan García Pérez, que pretendia despojarlos de sus derechos y abrir la Amazonia a la extracción petrolífera y la minería.

Los choques sucedieron en la ciudad de Bagua, al norte de la Amazonia peruana, después de que la policía se enfrentara a los manifestantes indígenas que llevaban más de dos meses bloqueando pacíficamente la carretera en un lugar conocido como “la Curva del Diablo”.

Cinco indígenas y cinco “civiles” fueron asesinados y más de doscientas personas resultaron heridas durante el suceso, según un informe publicado por el defensor del pueblo de Perú. Informes extraoficiales estimaron una cantidad de muertes mucho mayor.

LLEVADOS A JUICIO

Entre los acusados se encuentra Alberto Pizango, el presidente de la asociación indígena amazónica AIDESEP. La fiscalía ha pedido cadena perpetua para el líder indígena, acusado de “incitar a la violencia”.

Desde los enfrentamientos, varios de los polémicos decretos del Gobierno de Garcia han sido revocados. En 2011 el presidente de Perú, Ollanta Humala, aprobó una ley diseñada para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier proyecto que los afecte a ellos y a sus tierras.

No obstante, desde entonces el Gobierno ha aprobado la polémica expansión del faraónico proyecto de gas de Camisea, a pesar de que penetrará en la profundidades del territorio de indígenas no contactados.

Una de las empresas que apuntala las tensiones en la Amazonia peruana es Repsol. La vinculación del gigante petrolero español en el proyecto gasístico de Camisea ha sido condenada a escala internacional por no reconocer los peligros que los trabajos acarrearían para las vidas de los pueblos indígenas aislados extremadamente vulnerables.

El Gobierno de Perú ha sido fuertemente criticado tanto por los pueblos indígenas como por los familiares de los policías fallecidos por su incapacidad para prevenir la violencia.

Justicia desigual, ningún agente policial o autoridad política ha sido llevado a juicio hasta el momento.

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